Por una cultura de paz en Chiapas

La prevención de conflictos y la construcción de paz son procesos que requieren continuidad y la suma de voluntades de distintos actores, algo que saben muy bien los habitantes de una pequeña comunidad del sur de México, donde después de diecisiete años de tensiones y conflictos por la posesión y uso de las tierras han podido regularizar sus derechos patrimoniales, dejar atrás las divisiones y empezar a vivir en paz, gracias a un proceso de diálogo constante e incluyente impulsado por Naciones Unidas.

Hablamos de San José el Bascán, a las afueras del municipio de Salto de Agua, en el norte del estado de Chiapas, donde en 1995 se instalaron una veintena de familias desplazadas del vecino ejido de Teoquipá el Bascán, huyendo de la violencia que sembró de terror esas tierras tras el surgimiento de grupos paramilitares al interior de la comunidad y el asesinato de cuatro personas que se identificaban como bases de apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

El programa conjunto “Por una Cultura de Paz”, uno de los dos que financia en México el Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (F-ODM), acompañó durante dos años los esfuerzos de las autoridades mexicanas para cerrar viejas heridas aún sin cicatrizar en esta pequeña comunidad fundada a mediados de los noventa por población desplazada a raíz del conflicto armado de 1994, castigada por la violencia y por unos altos niveles de marginación y exclusión.

“Nos fuimos para evitar más pérdidas de vidas humanas, dejando nuestras casas, bienes materiales y en especie, el ganado y aves de corral. De tantos ataques decidimos alejarnos al poblado de San José el Bascán porque nos desplazaron y nos desconoció la comunidad de donde éramos originarios” en Teoquipá, según nos cuenta uno de los afectados, que antes de instalarse en San José tomaron posesión de un predio del que también fueron desalojados.

Divergencias políticas y disputas por las tierras

Conformada por simpatizantes y bases de apoyo zapatistas, la comunidad logra convivir en paz y trabajar las tierras hasta que dos años más tarde, en 1997, se produce una nueva ruptura por divergencias políticas y siete familias renuevan su apoyo al EZLN y el resto se adscribe a la organización de base Kichán Kichañob, cuyo nombre en lengua ch’ol significa “primos hermanos”, y que desde el surgimiento del conflicto armado busca reconciliar y evitar enfrentamientos entre indígenas.

Vinieron entonces años de tensiones y actos de violencia relacionados con la tierra ya que los terrenos donde se habían instalado en 1995 estaban sin regularizar, lo cual dio paso a una larga disputa patrimonial. Fue en 2007 cuando el gobierno estatal facilitó una negociación que desembocó en la firma de un acta de acuerdo de respeto mutuo y convivencia comunitaria entre las familias zapatistas y los miembros de Kichan Kichañob.

Sin embargo, la disputa por las tierras aún sin regularizar siguió latente y las autoridades no dieron  seguimiento para garantizar que se respetaran los acuerdos, lo cual volvió a dejar a las familias en una situación vulnerable y sufriendo amenazas latentes de invasión. “La raíz real del problema fue la pobreza y la falta de atención de las autoridades gubernamentales”, recuerda Pedro López, dirigente regional de Kichán Kichañob.

Las familias de San José viven del autoconsumo de la producción agrícola, una población con alto nivel de marginación: el 70 % no ha concluido la primaria y el 30 % es analfabeta. Además carecen de servicios básicos de electricidad, agua potable y sanitarios, y muchas viviendas tienen pisos de tierra y fogones abiertos. Todos coinciden en que su mayor prioridad es obtener seguridad patrimonial a través de la regularización de la tierra.

El F-ODM empieza a trabajar en 2010 con la comunidad estableciendo puentes de entendimiento para promover la restitución de derechos patrimoniales. Dos años de mesas de diálogo en los que participaron la Secretaría del Campo, la Secretaría de Gobierno y la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y organizaciones de base que dieron sus frutos con la regularización de las tierras en disputa, 45 hectáreas adquiridas este año con fondos del Programa de Atención a Población Indígena Desplazada.

Combatiendo las causas estructurales de la pobreza

Paralelamente, el programa se concentró en atender las causas estructurales de los conflictos: intervenciones en las viviendas para mejorar los pisos y construir fogones que ahorren leña y proyectos productivos y otras acciones para recomponer el tejido social a través del rescate cultural y la promoción del deporte, impulsando con ello la convivencia pacífica entre los vecinos de San José el Bascán.

“Ya no respiramos humo en la cocina, la cocina está limpia y los niños están sanos. Naciones Unidas busca una cultura de paz”, asegura una de las mujeres de la comunidad, que participaron recientemente en una reflexión colectiva promovida por la propia comunidad en la que la mayoría coincidieron en que ahora están más tranquilas porque cuentan con tierra propia gracias a unos acuerdos de convivencia y nuevas infraestructuras que les permiten vivir con dignidad.

“Naciones Unidas supo tocar las puertas de las instituciones de Chiapas”, afirman los miembros de la comunidad, quienes insisten que el verdadero logro ha sido garantizar la estabilidad patrimonial que la tierra representa para estas familias campesinas. “Nos escucharon, oyeron las necesidades que teníamos. Sin la ayuda del programa estas familias seguirían sin ser atendidas”, concluye Jerónimo Álvaro Arcos, líder representante del grupo Kichán Kichañob en la comunidad de San José el Bascán.

El programa “Por una Cultura en Paz”, implementado por el PNUD, la UNESCO, UNICEF y UNODC con la participación de las autoridades estatales y locales y los grupos de la sociedad civil, trabaja con 24 comunidades de desplazados, las grandes víctimas olvidadas del conflicto entre el zapatismo y el Estado Mexicano, para reducir los conflictos y tensiones en Chiapas, promoviendo soluciones duraderas y focalizadas principalmente en reducir la pobreza y promover los derechos de los grupos vulnerables.