México: Prevención de conflictos, desarrollo de acuerdos y construcción de la paz para desplazados en Chiapas
Las personas desplazadas de Chiapas son las grandes víctimas olvidadas del conflicto armado entre el Zapatismo y el Estado Mexicano que comenzó a mediados de los años noventa.
El programa conjunto trabajó con las autoridades estatales y locales para fortalecer capacidades para la reducción de los conflictos y tensiones en Chiapas, beneficiando a 25 comunidades con personas desplazadas reubicadas o que retornaron a sus comunidades en cinco municipios de la Zona Norte (Tila, Tumbalá, Sabanilla y Salto de Agua), y uno de la región Selva (cabecera municipal de Ocosingo)
Los esfuerzos giraron en torno a un proceso integral incluyendo el fortalecimiento de la justicia penal, la cultura de la paz y el desarrollo humano local en las zonas de los Altos, Norte y Selva del estado de Chiapas.
Las tres áreas de acción del programa fueron:
- Promoción de políticas públicas para el fortalecimiento del estado de derecho y los ODM, a través de tres sistemas de indicadores.
- Desarrollo institucional de la justicia penal, el sistema penitenciario y la seguridad apoyado en diagnósticos locales.
- Fortalecimiento de las capacidades locales y estatales para la reducción y resolución no violenta de conflictos y la construcción de una cultura de paz.
Chiapas es un estado que ha enfrentado el fenómeno del desplazamiento interno forzado por diversas causas a lo largo de su historia. Entre 1950 y 1970, los principales motivos fueron la instalación de mega-proyectos de desarrollo como presas hidroeléctricas y pozos petroleros (SNU 2009). Entre los años 70 y 90, la principal causa fue la intolerancia religiosa y en mayor medida fenómenos socioambientales derivados en desastre.
Finalmente, el desplazamiento interno en el estado tuvo una mayor visibilidad a partir del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), cuando miles de personas se vieron obligadas a abandonar sus comunidades a causa de bombardeos, violencia generalizada provocada por los enfrentamientos entre el EZLN y el Ejército Nacional y conflictos intercomunitarios derivados de diferencias políticas, siendo esta última causal una condición que ha prevalecido hasta la fecha en muchas de las comunidades indígenas del estado.
La población en condición de desplazamiento enfrenta condiciones de marginación particulares y de mayor desventaja ya que, en adición a la pobreza, tiene un acceso inequitativo a los servicios básicos de salud y educación; frecuentemente sufre la descomposición del tejido social y falta de redes sociales de protección, una alta vulnerabilidad y falta de acceso a la justicia, al no existir un marco jurídico que les atienda y procure la creación de políticas públicas en respuesta a sus necesidades específicas.
Además, al no haberse cerrado el ciclo del desplazamiento, que implica la creación de un medio seguro y económicamente sostenible, de la promoción del retorno o la reubicación y posterior integración de las familias desplazadas a un entorno local, la situación no resuelta de la población desplazada permite que las condiciones de marginación sigan agravándose, afectando directamente en su desarrollo a largo plazo.
Algunos de los resultados de este programa conjunto fueron:
- Ley de desplazamiento interno en el estado de Chiapas que ha mejorado el acceso a la justicia de la población desplazada. También se implementó un plan estratégico dirigido a las áreas de procuración y administración de justicia, y la capacitación técnica impartida a los órganos de policía tanto estatales como municipales.
- Promoción de la cultura de paz en las más de 25 localidades de intervención en los municipios de Ocosingo, Sabani-lla, Tila, Salto de Agua y Tumbalá, a través de programas basados en arte, deporte, actividades en centros educativos y un Diplomado en Cultura de Paz e Interculturalidad. Se han creado y mejorado espacios comunitarios para el encuentro y la convivencia contribuyendo a la recomposición del tejido social y se han fortalecido mecanismos y espacios de diálogo para la prevención y resolución de conflictos como las mesas de diálogo.
- Mejoras en el acceso a la vivienda de población despalazada. 1.546 obras mejoraron el acceso la vivienda, a través del trabajo conjunto con dos organizaciones de la sociedad civil (CAMADDS en el municipio de Salto de Agua y Foro A.C. en el municipio de Tila), quienes brindaron un acompañamiento técnico durante todo el proceso.
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